ESTADO DE DERECHO
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) es una herramienta cuantitativa diseñada para proveer una imagen detallada y extensa sobre la presencia del Estado de derecho en los sistemas gubernamentales del mundo. Lo mide mediante el cumplimiento de cuatro principios:
- Rendición de cuentas: el gobierno y los actores privados rinden cuentas ante la ley.
- Leyes justas: las leyes son claras, públicas, estables y justas. Además, se aplican de forma equitativa, y protegen los derechos fundamentales de toda la población.
- Gobierno abierto: los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justos y eficientes.
- Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas: la justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan.
Dichos principios los mide según los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, la facilidad con que los ciudadanos tienen acceso a la justicia o si la delincuencia se controla de forma eficaz. Otros índices, en cambio, se enfocan en las leyes o reglamentos tal y como se escriben en el papel.
El índice provee datos sobre ocho dimensiones distintas referentes al estado de derecho: ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno transparente, aplicación eficiente de las regulaciones, justicia civil, justicia penal y restricciones a los poderes del gobierno.
Estos factores se desintegran en 44 sub-factores distinto y juntos reflejan un panorama más amplio de la aplicación del estado de derecho. Los rankings del índice y las evaluaciones se construyen a partir de dos fuentes: una encuesta general popular (GPP) y cuestionarios de áreas específicas (derecho civil y comercial, derecho criminal, derecho laboral y salud pública). La primera se utiliza para encuestar a una muestra de la población total del país, mientras que la segunda se dirige a expertos (principalmente profesionales de leyes) en las diferentes áreas mencionadas.
Según el reporte publicado en el 2020, en el 2019 Guatemala obtuvo una puntuación de 0.45 sobre 1, ubicándose a nivel mundial en la posición 101 de 126 países evaluados. En comparación a la evaluación anterior, el país empeoró en 0.1 puntos y bajó 5 puestos en el ranking global. A continuación se detalla el desempeño del país en las 8 dimensiones que evalúa el índice:
|
Dimensión
|
2019
|
2020
|
2019 vs 2020
|
|---|---|---|---|
|
Restricciones a los poderes del gobierno
|
0.54
|
0.52
|
-
|
|
Ausencia de corrupción
|
0.37
|
0.34
|
-
|
|
Gobierno abierto
|
0.51
|
0.51
|
=
|
|
Derechos fundamentales
|
0.55
|
0.54
|
-
|
|
Orden y seguridad
|
0.59
|
0.59
|
= |
|
Aplicación eficiente de las regulaciones
|
0.42
|
0.42
|
=
|
|
Justicia civil
|
0.37
|
0.37
|
=
|
|
Justicia criminal
|
0.32
|
0.30
|
-
|
*Datos actualizados con versión 2019
Guatemala tiene sus mejores puntuaciones en los subindicadores de contención del conflicto civil (1/1), respeto a la libertad de expresión y religión (0.67/1) y transiciones de gobierno conforme a la ley (0.66/1).
Por otra parte, Los subindicadores con menor puntaje son los que indican que Guatemala retrasa los procesos de justicia por razones injustificadas(0.13/1), la investigación penal es inefectiva (0.23/1), el sistema penitenciario no corrige las conductas criminales (0.09/1), los gobernantes utilizan el organismo legislativo para su interés personal (0.08/1) y el gobierno no publica información pertinente y actualizada y esta tampoco es de fácil acceso (0.3/1).
Regionalmente, Guatemala se encuentra en el puesto 14 de 19 países de Latinoamérica y Estados Unidos. El promedio de ellos es 0.53/1, situando a Guatemala por debajo del mismo (0.45/1).
El primer lugar es para Estados Unidos (0.72/1), seguido de Uruguay (0.71/1) y Costa Rica (0.68/1). Los peores puntajes los obtuvieron Venezuela (0.27/1), Bolivia (0.38/1) y Nicaragua (0.39/1).
