ESTADO DE DERECHO
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) es una herramienta cuantitativa diseñada para proveer una imagen detallada y extensa sobre la presencia del Estado de derecho en los sistemas gubernamentales del mundo. Lo mide mediante el cumplimiento de cuatro principios:
- Rendición de cuentas: el gobierno y los actores privados rinden cuentas ante la ley.
- Leyes justas: las leyes son claras, públicas, estables y justas. Además, se aplican de forma equitativa, y protegen los derechos fundamentales de toda la población.
- Gobierno abierto: los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justos y eficientes.
- Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas: la justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan.
Dichos principios los mide según los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, la facilidad con que los ciudadanos tienen acceso a la justicia o si la delincuencia se controla de forma eficaz. Otros índices, en cambio, se enfocan en las leyes o reglamentos tal y como se escriben en el papel.
El índice provee datos sobre ocho dimensiones distintas referentes al estado de derecho: ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno transparente, aplicación eficiente de las regulaciones, justicia civil, justicia penal y restricciones a los poderes del gobierno.
Estos factores se desintegran en 44 sub-factores distinto y juntos reflejan un panorama más amplio de la aplicación del estado de derecho. Los rankings del índice y las evaluaciones se construyen a partir de dos fuentes: una encuesta general popular (GPP) y cuestionarios de áreas específicas (derecho civil y comercial, derecho criminal, derecho laboral y salud pública). La primera se utiliza para encuestar a una muestra de la población total del país, mientras que la segunda se dirige a expertos (principalmente profesionales de leyes) en las diferentes áreas mencionadas.
Según el reporte publicado el 14 de octubre de 2021, en el 2020 Guatemala obtuvo una puntuación de 0.44 sobre 1, ubicándose a nivel mundial en la posición 109 de 139 países evaluados. En comparación a la evaluación anterior, el país empeoró en 0.01 puntos y se mantuvo en la misma posición en el ranking global. A continuación, se detalla el desempeño del país en las 8 dimensiones que evalúa el índice:
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Dimensión
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2020
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2021
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2020 vs 2021
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|---|---|---|---|
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Restricciones a los poderes del gobierno
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0.52
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0.52
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=
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Ausencia de corrupción
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0.34
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0.33
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-
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Gobierno abierto
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0.51
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0.51
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=
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Derechos fundamentales
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0.54
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0.53
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-
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Orden y seguridad
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0.59
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0.59
|
= |
|
Aplicación eficiente de las regulaciones
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0.42
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0.42
|
=
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Justicia civil
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0.37
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0.36
|
-
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Justicia criminal
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0.30
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0.29
|
-
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*Datos actualizados con versión 2019
Guatemala tiene sus mejores puntuaciones en los subindicadores de contención del conflicto civil (1.00), respeto a la libertad de asociación (0.65)), mecanismos de denuncia, en cuanto a gobierno abierto (0.64) y transiciones de gobierno conforme a la ley (0.63).
Por otra parte, los subindicadores con menor puntaje son los que indican que Guatemala retrasa los procesos de justicia por razones injustificadas (0.13), la investigación penal es inefectiva (0.21), el sistema penitenciario no corrige las conductas criminales (0.09), ausencia de corrupción en el organismo legislativo (0.05) y existencia de una justicia pronta y cumplida (0.23).
Regionalmente, Guatemala se encuentra en el puesto 15 de 20 países de la región Latinoamérica y el Caribe. El promedio de ellos es 0.50, situando a Guatemala por debajo del mismo. El primer lugar de la región es para Uruguay (0.71), seguido de Costa Rica (0.68) y Chile (0.66). Los peores puntajes los obtuvieron Venezuela (0.27), Nicaragua (0.38) y Bolivia y Honduras (0.39), seguidos de México (0.43) y Guatemala (0.44)
